Cooperación procesal de los estados con la Corte Penal Internacional

Esta obra se centra en una dimensión crucial del funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI): la cooperación de los Estados. La eficacia del proceso penal internacional depende en gran medida del grado de colaboración que los Estados estén dispuestos a ofrecer, lo cual plantea una constante tensión entre el poder soberano estatal y la autoridad de una institución internacional como la CPI.

Para articular esta colaboración, los Estados deben adaptar sus ordenamientos internos conforme al marco normativo internacional. En el caso de España, esta necesidad dio lugar a la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, que regula la cooperación con la Corte. Sin embargo, la norma española no agotó todas las posibilidades de coordinación con la CPI, lo que deja espacio para la mejora en aspectos claves como la agilidad del procedimiento y las garantías procesales.

La monografía analiza, en primer lugar, la posición singular de la CPI frente a los Estados y, a partir de ahí, detalla los principales mecanismos de interacción entre los planos interno e internacional. Se presta especial atención a las fases de investigación, detención y entrega de personas, la ejecución de medidas investigativas, el desarrollo del juicio, y la fase de ejecución de las condenas. Así, la obra ofrece una visión integral del marco jurídico y operativo que regula la cooperación entre la CPI y los Estados, subrayando tanto sus fortalezas como sus deficiencias.

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