Los procedimientos para la provisión de medidas de apoyo a favor de las personas con discapacidad

La adaptación del ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ha transformado profundamente el sistema legal de la capacidad jurídica. La Ley 8/2021, de 2 de junio, elimina la distinción entre capacidad jurídica y de obrar, reconociendo una única capacidad inherente a la persona y no modificable, vinculada a la mayoría de edad o la emancipación.

Esta reforma ha reconfigurado las instituciones sustantivas y procesales tradicionales, instaurando nuevos expedientes de jurisdicción voluntaria para establecer medidas de apoyo y reservando el proceso contradictorio como vía subsidiaria. El estudio analiza con rigor las tensiones derivadas de esta duplicidad procedimental, que lejos de simplificar, puede generar ineficiencias procesales y contradicciones prácticas en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.