Protección penal de la seguridad en el trabajo

La persistencia de la siniestralidad laboral, pese al extenso marco normativo en prevención de riesgos, plantea la necesidad de evaluar la eficacia y legitimidad del Derecho penal como herramienta protectora en el ámbito del trabajo. Desde esta premisa, se analiza el bien jurídico protegido —la seguridad y salud de los trabajadores— y se concluye que la intervención penal, aunque subsidiaria, resulta justificada ante ciertos incumplimientos graves de la normativa laboral. El estudio se centra en los artículos 316 a 318 del Código Penal, que tipifican los delitos contra la seguridad en el trabajo, explorando su interpretación doctrinal y su aplicación práctica.

A través de un enfoque interdisciplinar, se abordan cuestiones clave como el alcance del término “medios” en el tipo penal, la relevancia del incumplimiento de la obligación de vigilancia, o la conveniencia de mantener o suprimir el tipo imprudente del artículo 317. También se profundiza en la autoría y participación en estos delitos, prestando especial atención a la responsabilidad penal de figuras como el arquitecto técnico o los servicios de prevención, así como al alcance de la cláusula de extensión del artículo 318. La obra aporta una visión sistemática, con implicaciones tanto dogmáticas como político-criminales, útil para comprender los desafíos que plantea la protección penal de la seguridad laboral.