La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria

La elaboración de reglamentos estatales y autonómicos ha experimentado una transformación significativa como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas normas han establecido un marco más riguroso y sistemático para el ejercicio de la potestad normativa de las Administraciones Públicas, impulsando una mayor transparencia, participación ciudadana y control institucional.

Este nuevo enfoque legislativo responde a la necesidad de perfeccionar el proceso de producción normativa administrativa, en línea con los principios de buen gobierno y transparencia que promueve la Ley 19/2013 y sus homólogas autonómicas. La finalidad última es reforzar la legitimidad democrática del Derecho derivado de la Administración, promoviendo que los ciudadanos puedan conocer, entender e incluso influir en la elaboración de las normas que les afectan.

En este contexto, se impone una gestión normativa más participativa y responsable: desde la publicidad activa y la motivación de las opciones regulatorias, hasta la apertura del procedimiento a los grupos de interés y el fortalecimiento de los controles sobre el uso de la potestad reglamentaria. Este giro normativo constituye un paso clave en la consolidación de una Administración más abierta, reflexiva y dialogante, que sitúe el interés general y el respeto al principio de legalidad en el centro de su actuación.

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