Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad

Que las Administraciones públicas cumplan con los plazos legales para resolver las solicitudes ciudadanas es clave para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en el sistema institucional. En contextos de incertidumbre económica, cualquier dilación o silencio administrativo puede agravar aún más la situación de particulares y empresas.

Por ello, la eficacia y celeridad en la tramitación de procedimientos administrativos no solo responden a una exigencia legal, sino también a una necesidad social y económica. El cumplimiento estricto de los plazos fortalece el Estado de derecho y contribuye a una administración más cercana y transparente.

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