La protección socio-laboral de los jóvenes: construyendo un futuro

La situación de los jóvenes en el mercado laboral se ha deteriorado gravemente tras la pandemia del COVID-19, consolidándose un modelo de ocupación precario marcado por contratos temporales, jornadas parciales y salarios insuficientes. Esta realidad no solo afecta sus condiciones materiales de vida, sino que compromete su desarrollo personal y familiar, impidiéndoles acceder a un empleo digno. La consecuencia directa es su exclusión del mercado laboral, lo que frena la renovación del capital humano y compromete la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El Pacto de Toledo, renovado en 2020, advierte expresamente —en su Recomendación 17 bis— del impacto que la precariedad tiene en las carreras de cotización de los jóvenes y reclama una actuación firme contra las relaciones laborales fraudulentas. En esta línea, el Real Decreto-ley 32/2021 constituye un punto de partida para corregir estas deficiencias mediante políticas de estabilidad en el empleo, refuerzo de la inspección laboral y mecanismos de recualificación profesional, basados en la experiencia de los ERTE.