Este estudio plantea una reflexión crítica sobre uno de los aspectos más sensibles del proceso judicial: la valoración de la prueba. Partiendo de la idea de que los consensos sociales influyen también en la interpretación de las garantías procesales, la obra analiza cómo expresiones judiciales aparentemente objetivas —como “no albergar la menor duda” o “de la valoración conjunta de la prueba se desprende”— esconden un alto grado de discrecionalidad por parte del juez, con escaso margen para su revisión.
Frente a esta situación, el autor defiende la necesidad de avanzar hacia una mayor objetivación del método de valoración probatoria, y de establecer mecanismos de control más exigentes que garanticen su transparencia y fundamentación. A través de un análisis técnico y propositivo, se ofrecen ideas y propuestas susceptibles de incorporarse a los textos procesales vigentes, con el objetivo de reforzar las garantías del derecho de defensa y la calidad del proceso judicial.
