Reserva de ley penal y Constitución. Los problemas de integración normativa con fuentes extrapenales.

Se defiende una concepción estricta de la reserva de ley como garantía esencial del principio democrático y del respeto a los derechos fundamentales. Esta reserva implica no solo que determinadas materias deban ser reguladas exclusivamente por ley, sino que el legislador no puede delegar esa potestad en otras instancias, especialmente cuando se trata de desarrollar o limitar derechos y libertades. La reserva de ley, así entendida, actúa como un límite infranqueable para el propio legislador, aunque deja margen para la intervención de otras normas siempre que no se invadan los aspectos esenciales ya definidos por el legislador primario.

Desde la perspectiva del Derecho penal, el debate gira en torno a la posibilidad de que fuentes extrapenales (como reglamentos) completen el marco normativo en aspectos no cubiertos por la reserva estricta. La obra plantea la necesidad de delimitar con precisión qué contenidos están sometidos a reserva y qué integración normativa es admisible sin incurrir en ilegitimidad. Todo el análisis se articula en torno a una defensa firme de los límites materiales al ius puniendi, apostando por una interpretación restrictiva que blinde los principios de legalidad y seguridad jurídica.