Tutela efectiva y derecho a la vivienda

La relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a una vivienda digna es especialmente compleja dentro del proceso civil. Mientras el primero goza del estatus de derecho fundamental y se encuentra protegido explícitamente por la Constitución, el segundo se considera un principio rector de la política social, lo que limita su invocación directa en los tribunales. No obstante, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han encontrado vías para dotar de mayor protección al derecho a la vivienda, particularmente cuando este se entrelaza con otros derechos fundamentales, como el derecho a la integridad personal o la vida privada y familiar. Asimismo, el Derecho de la Unión Europea ha reforzado indirectamente este derecho, protegiendo a los consumidores en situaciones de vulnerabilidad, como ocurre en los contratos de préstamo hipotecario, generando así nuevas obligaciones para los jueces en los procesos civiles.

En el proceso de ejecución, donde la posibilidad de desahucio de personas en situación de vulnerabilidad es más palpable, la tensión entre ambos derechos alcanza su punto álgido. Aunque los jueces deben garantizar la ejecución de resoluciones firmes, también deben ponderar el derecho a una vivienda digna, especialmente en contextos donde no existen alternativas habitacionales suficientes. Esta dificultad se ha intentado resolver mediante reformas legislativas que incorporan el principio de proporcionalidad, pero las competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas han dado lugar a importantes conflictos constitucionales. Algunas medidas autonómicas para frenar desahucios han sido anuladas o reinterpretadas por el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales en materia procesal. Esta monografía se propone explorar en profundidad este conflicto, analizar la jurisprudencia relevante y plantear propuestas para armonizar de forma más eficaz la tutela judicial con la garantía del derecho a una vivienda digna, desde una perspectiva tanto legal como social.